Los recientes casos de vinculación de policías mexicanos con bandas de narcotraficantes y criminales han sembrado la desconfianza de los ciudadanos en unas fuerzas del orden dispersas y cuya posibilidad de unificación pasa por una reforma de la Constitución, dijeron a Efe varios analistas.
Policías en disputa
Esta opinión vino avalada por la publicación en el diario Reforma de una encuesta que revela que el 41 por ciento de la población no confiaría "nada" en la policía si fuera víctima de un secuestro.
México, que se encuentra en un proceso de depuración de sus policías y enfrenta el debate sobre la creación de un cuerpo único, ha destapado en los últimos días varios casos de corrupción policial y vinculación de estos cuerpos con las bandas de narcotraficantes.
El más reciente fue el ocurrido la noche del lunes, cuando policías federales detuvieron a 35 agentes municipales que trataron de liberar a cinco detenidos, presuntos integrantes del Cartel del Golfo, en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila (norte).
En el enfrentamiento, un policía municipal murió y otros dos resultaron heridos, mientras que los detenidos pasaron a disposición judicial y se espera que en las próximas horas se levanten cargos en su contra.
Según la Secretaría de Seguridad Pública, los policías municipales recibían semanalmente entre $200 a $1,000 por facilitar a los narcotraficantes informes sobre operativos.
Este fin de semana, las investigaciones de la fiscalía permitieron la detención de 26 mandos policiales en el estado de Tabasco (sur) por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
El caso que más ha conmocionado al país en los últimos meses, el del secuestro y asesinato del adolescente Fernando Martí, también proporcionó esta semana datos relevantes sobre la implicación policial, ya que dos de los cabecillas de la banda resultaron ser un ex miembro de las fuerzas policiales y una policía en activo.
Para el escritor y periodista, Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad, la mitad de los mil 600 cuerpos policiales municipales del país tiene alguna vinculación con el narcotráfico, mientras que alrededor de un 60 por ciento de los dos mil 500 municipios está de alguna forma "infiltrados" por estas bandas.
Ravelo declaró a Efe que el proyecto para establecer un solo modelo de policía en el país, que requeriría la reforma del artículo de la Constitución que da a los municipios la competencia en seguridad pública, va a chocar contra la opinión de muchos legisladores contrarios a la concentración de poder en un solo mando.
Sin embargo, este martes el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, defendió nuevamente este modelo único como medida para superar la actual corrupción, al señalar que permitirá dotar a sus miembros de una carrera profesional.
"El modelo de policía que opera actualmente no funciona. Ese policía corrupto gana tres mil pesos ($300), ese policía necesita ocho mil pesos ($800) para vivir, no se reduce solo al individuo sino al modelo completo", advirtió el ministro.
Gobierno reprime
Juan Pardinas, experto del Instituto Mexicano de la Competitividad, abogó por buscar medidas a largo plazo para combatir el crimen y por una reforma constitucional que, al menos, en una primera fase permita que los municipios de forma voluntaria deleguen sus competencias en seguridad al Estado.
En este sentido, señaló a Efe que la actual "Constitución mexicana es enemiga de la seguridad pública".
Para Ravelo, las acciones contra el crimen requieren también una acción social, educativa y de prevención y criticó la ausencia de estos temas en el Proyecto de Presupuestos de 2009 enviado al Congreso por el presidente Felipe Calderón, que se dirige a reforzar las acciones represivas.
Consideró que la ola de violencia en México, que en lo que va de año ha causado cerca de tres mil muertos, se encuentra aún en línea ascendente y opinó que con los instrumentos actuales, basados en las acciones militares y policiales, será "muy difícil de combatir".
Policías en disputa
Esta opinión vino avalada por la publicación en el diario Reforma de una encuesta que revela que el 41 por ciento de la población no confiaría "nada" en la policía si fuera víctima de un secuestro.
México, que se encuentra en un proceso de depuración de sus policías y enfrenta el debate sobre la creación de un cuerpo único, ha destapado en los últimos días varios casos de corrupción policial y vinculación de estos cuerpos con las bandas de narcotraficantes.
El más reciente fue el ocurrido la noche del lunes, cuando policías federales detuvieron a 35 agentes municipales que trataron de liberar a cinco detenidos, presuntos integrantes del Cartel del Golfo, en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila (norte).
En el enfrentamiento, un policía municipal murió y otros dos resultaron heridos, mientras que los detenidos pasaron a disposición judicial y se espera que en las próximas horas se levanten cargos en su contra.
Según la Secretaría de Seguridad Pública, los policías municipales recibían semanalmente entre $200 a $1,000 por facilitar a los narcotraficantes informes sobre operativos.
Este fin de semana, las investigaciones de la fiscalía permitieron la detención de 26 mandos policiales en el estado de Tabasco (sur) por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
El caso que más ha conmocionado al país en los últimos meses, el del secuestro y asesinato del adolescente Fernando Martí, también proporcionó esta semana datos relevantes sobre la implicación policial, ya que dos de los cabecillas de la banda resultaron ser un ex miembro de las fuerzas policiales y una policía en activo.
Para el escritor y periodista, Ricardo Ravelo, experto en temas de seguridad, la mitad de los mil 600 cuerpos policiales municipales del país tiene alguna vinculación con el narcotráfico, mientras que alrededor de un 60 por ciento de los dos mil 500 municipios está de alguna forma "infiltrados" por estas bandas.
Ravelo declaró a Efe que el proyecto para establecer un solo modelo de policía en el país, que requeriría la reforma del artículo de la Constitución que da a los municipios la competencia en seguridad pública, va a chocar contra la opinión de muchos legisladores contrarios a la concentración de poder en un solo mando.
Sin embargo, este martes el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, defendió nuevamente este modelo único como medida para superar la actual corrupción, al señalar que permitirá dotar a sus miembros de una carrera profesional.
"El modelo de policía que opera actualmente no funciona. Ese policía corrupto gana tres mil pesos ($300), ese policía necesita ocho mil pesos ($800) para vivir, no se reduce solo al individuo sino al modelo completo", advirtió el ministro.
Gobierno reprime
Juan Pardinas, experto del Instituto Mexicano de la Competitividad, abogó por buscar medidas a largo plazo para combatir el crimen y por una reforma constitucional que, al menos, en una primera fase permita que los municipios de forma voluntaria deleguen sus competencias en seguridad al Estado.
En este sentido, señaló a Efe que la actual "Constitución mexicana es enemiga de la seguridad pública".
Para Ravelo, las acciones contra el crimen requieren también una acción social, educativa y de prevención y criticó la ausencia de estos temas en el Proyecto de Presupuestos de 2009 enviado al Congreso por el presidente Felipe Calderón, que se dirige a reforzar las acciones represivas.
Consideró que la ola de violencia en México, que en lo que va de año ha causado cerca de tres mil muertos, se encuentra aún en línea ascendente y opinó que con los instrumentos actuales, basados en las acciones militares y policiales, será "muy difícil de combatir".
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